Por lo menos el 55% de los peruanos que se quedaron sin candidato después de la primera vuelta electoral espera acudir a las urnas este 5 de junio sin incertidumbre, es decir, sin dudas respecto de las propuestas que ofrecen los candidatos Keiko Fujimori y Ollanta Humala.
Es lo que corresponde en un país que desde hace décadas votó –y sufrió– por el aseguramiento de la democracia como sistema de gobierno, y que ahora en consecuencia exige que sus gobernantes le otorguen confianza, transparencia y seguridad.
Fujimori y Humala deben entenderlo así. De otra manera, difícilmente podrán alcanzar la preferencia del electorado. Lo peor, sin embargo, es que alguno podría salir elegido con base en lecturas inexactas o por imágenes prefabricadas que pueden ocasionar respuestas igualmente equivocadas que no aportan a la gobernabilidad, como ha señalado el secretario técnico del Acuerdo Nacional, Max Hernández.
Por eso, más allá de los miedos, odios y anticuerpos que ambos candidatos han despertado irracionalmente en un sector de la opinión pública, lo realmente relevante es que reduzcan la incertidumbre en torno a sus propuestas de la única manera que es posible: con mayor información para erradicar la ostensible indefinición y rumores que circulan en Lima y en el resto del territorio nacional. La inestabilidad financiera, más interna que externa, reflejada en la bolsa, y el debate sobre los fondos de pensiones son solo dos indicadores de lo que comentamos.
En el caso de Ollanta Humala, como refleja la entrevista que publicó ayer este Diario, hay varias contradicciones que deben aclararse prontamente.
La mayor interrogante radica, sin duda, en la falta de coherencia del plan de gobierno que Gana Perú presentó al JNE con respecto al compromiso público que el candidato expuso antes de la primera vuelta.
A diferencia del primero, en este último reconoce abiertamente que respetará la libertad de opinión y prensa, la independencia del BCR, el manejo de la política monetaria, la economía de mercado y los acuerdos internacionales, así como la no reelección. ¿Por qué no se compromete de una vez con esas propuestas y anuncia la revisión del plan original? Hacerlo es medular porque de allí derivan varias indefiniciones –que probablemente seguirán ventilándose en lo que resta de la campaña– sobre el respeto a las libertades individuales y la vigencia del modelo económico. Un segundo punto por aclarar se halla en el cambio de la Constitución de 1993 que, si bien Humala ha descartado, algunos de sus colaboradores aún defienden. Finalmente, no ha deslindado de manera tajante con modelos autoritarios, como el de Hugo Chávez.
En cuanto a Keiko Fujimori, la indefinición proviene de su compromiso no explícito con la lucha contra la corrupción, por la defensa de los derechos humanos –que no aparece en su plan de gobierno–, que el país libró durante el gobierno de su padre.
Hasta ayer no había negado si promovería amnistías o indultos a quienes hoy purgan condenas por esos delitos. Tampoco se le había escuchado un verdadero mea culpa por los excesos perpetrados por el fujimorismo –al que ahora representa– en los años 90. Esperemos que cumpla.
Como se ve, en ambos casos, se trata de asegurar a la población –sin caretas, imposturas o cálculos– una agenda mínima pero decisiva, en un país que no puede retroceder en el camino iniciado para afianzar postulados democráticos que hoy sustentan lo que somos como sociedad y nación.
Fuente: Diario El Comercio – EDITORIAL
Fecha: Martes 19 de abril de 2011
